Como todos los conceptos histórico-políticos, el de educación laica es elusivo, confuso, contradictorio. Refiere cuestiones muy diversas; en su acepción más general, como se encuentra en el artículo 3º. de la Constitución, se enuncia en negativo: “la enseñanza alejada de doctrinas religiosas”. Sin embargo, la cuestión no queda ahí, como con demasiada frecuencia se cree. Lo cierto es que las dificultades de gestión de un contenido aparentemente tan sencillo, demandan especificaciones cada vez mayores. Por ejemplo: ¿en cuáles escuelas se aplica: públicas y/o privadas? ¿Por qué, cómo? Lo que lleva inmediatamente a otras interrogaciones: ¿cómo se define el estatuto público de una escuela? Y luego: ¿sólo las escuelas o todos los modelos educativos, por ejemplo, los no escolarizados, la educación informal, la no formal,? Y si son ambas, las públicas y las privadas, ¿hasta dónde llega la educación libre? Pero entonces: ¿no son principios organizativa y políticamente contrapuestos? Y más aún: si además la educación es obligatoria, uniforme y libre, ¿cómo se relacionan los tres principios? ¿Qué problemas plantean? ¿Cómo se resuelven?

La educación laica es una institución, esta es la cuestión central; desde esta perspectiva se proporcionan elementos metodológicos y teóricos muy potentes para su historia. Sin embargo, a nosotros nos parece que a pesar de sus innegables avances, queda corta, porque el institucionalismo sólo refiere reglas de juego, que refieren las decisiones de agentes individuales, basadas en incentivos y desincentivos, sin considerar los procesos de subjetivación consecuentes, ni los conflictos generados por estos; por eso, nosotros agregamos que no sólo es una institución, sino más aún, un eje del gobierno de la educación, un conjunto práctico-discursivo para conducir las conductas en la instrucción pública.

En consecuencia, si la secularización es un proceso inmanente a la modernidad, la laicidad es la gubernamentalización de ese proceso.